Señor Ministro:
Señora Ministra:
Los resultados del último Informe PISA han dejado patente el bajo nivel de nuestros adolescentes en cuanto a lectura comprensiva. Varias son las causas que se han apuntado estos días: falta de inversiones en educación, formación y consideración social inadecuada del profesorado, carencia de motivación e interés por parte de los estudiantes, escasa o inexistente implicación de las familias, legislación cambiante sin tiempo de consolidación, utilización excesiva y sin criterio de las nuevas tecnologías, consumismo desaforado alentado por una sociedad excesivamente mercantilista… Pero hay otras causas que, inexplicablemente, no han sido mencionadas y sin embargo nos parecen fundamentales: la insuficiencia de bibliotecas escolares, la falta de dotación de las bibliotecas públicas y la tendencia a la mercantilización de los servicios que estas últimas ofrecen.
La Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas considera:
- Que las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas públicas, las más cercanas a todos los ciudadanos, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo, difusión, impulso y consolidación de la lectura, ya que permiten el acceso libre a la lectura y a la información y, además, orientan sobre las mejores lecturas, descubren nuevos autores y libros, difunden variedad y promueven todo tipo de actividades para hacer de la lectura un hábito consolidado y atractivo.
- Que las bibliotecas y los bibliotecarios contribuyen de manera directa a crear lectores; por eso, invertir en ellas y favorecerlas eliminando todo gravamen económico añadido a sus servicios, es una manera de conseguir que haya mayor número y más sólidos lectores.
- Que entre otras medidas referidas al ámbito educativo, familiar o social, resulta ineludible dotar a las bibliotecas de recursos económicos suficientes para afrontar no sólo la adquisición de fondos, sino también la realización de actividades culturales y relacionadas con la lectura; al igual que dotarlas de personal adecuado en número y en formación y hacerlas más presentes en la sociedad.
- Que resulta una prioridad el desarrollo y dotación de bibliotecas escolares, tal como señala la LOE en su artículo 113, ya que constituyen una herramienta de trabajo insustituible en los centros educativos y pueden contribuir de manera directa a la consolidación de la lectura comprensiva, incluyéndolas en los planes de lectura de los respectivos centros. Pero nunca habrá bibliotecas escolares sin bibliotecarios que las organicen y las hagan visibles, e imprescindibles, para la comunidad educativa.
- Que medidas como el canon por préstamo, recogido en la reciente Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas y respondiendo a la directiva europea 115/2006, resultan incoherentes con la preocupación manifestada por distintas administraciones, instituciones y personas del ámbito educativo y cultural respecto a la consolidación de la lectura. El préstamo libre y gratuito constituye una herramienta poderosa para el fomento de la lectura. No nos vale la coartada, tantas veces aducida, de que el canon a los préstamos es una imposición europea. Las directivas europeas pueden cambiarse, especialmente la que nos ocupa, muy discutida en todos los países que la sufren.
L a Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas insiste en el daño que medidas como el llamado canon por préstamo pueden infligir a la educación y a la cultura, al gravar actividades contempladas como servicio público y al introducir la lógica mercantilista en estos ámbitos. Nada bueno puede augurarse si la educación y la cultura siguen acercándose a los parámetros del comercio y alejándose de la concepción de servicio público que debe proteger una política de Estado.
Por ello solicitamos lo siguiente:
- Que el Ministerio de Cultura español, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia, encabece un movimiento europeo contra la Directiva 115/2006. Se acaba de poner en evidencia que nuestro país necesita invertir mucho dinero en bibliotecas; por ello le corresponde este papel protagonista en la oposición hacia una disposición que viene a restar recursos a la lectura.
- Que, mientras ese objetivo no sea una realidad, el Ministerio de Cultura, apoyado por el de Educación y Ciencia, pida a la Dirección General del Comercio Interior de la U.E. una moratoria para el cumplimiento de la Directiva 115/2006, efectiva hasta que las bibliotecas de nuestro país –incluidas las escolares- cumplan, como mínimo, los estándares de las bibliotecas europeas.
Señora Ministra:
Los resultados del último Informe PISA han dejado patente el bajo nivel de nuestros adolescentes en cuanto a lectura comprensiva. Varias son las causas que se han apuntado estos días: falta de inversiones en educación, formación y consideración social inadecuada del profesorado, carencia de motivación e interés por parte de los estudiantes, escasa o inexistente implicación de las familias, legislación cambiante sin tiempo de consolidación, utilización excesiva y sin criterio de las nuevas tecnologías, consumismo desaforado alentado por una sociedad excesivamente mercantilista… Pero hay otras causas que, inexplicablemente, no han sido mencionadas y sin embargo nos parecen fundamentales: la insuficiencia de bibliotecas escolares, la falta de dotación de las bibliotecas públicas y la tendencia a la mercantilización de los servicios que estas últimas ofrecen.
La Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas considera:
- Que las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas públicas, las más cercanas a todos los ciudadanos, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo, difusión, impulso y consolidación de la lectura, ya que permiten el acceso libre a la lectura y a la información y, además, orientan sobre las mejores lecturas, descubren nuevos autores y libros, difunden variedad y promueven todo tipo de actividades para hacer de la lectura un hábito consolidado y atractivo.
- Que las bibliotecas y los bibliotecarios contribuyen de manera directa a crear lectores; por eso, invertir en ellas y favorecerlas eliminando todo gravamen económico añadido a sus servicios, es una manera de conseguir que haya mayor número y más sólidos lectores.
- Que entre otras medidas referidas al ámbito educativo, familiar o social, resulta ineludible dotar a las bibliotecas de recursos económicos suficientes para afrontar no sólo la adquisición de fondos, sino también la realización de actividades culturales y relacionadas con la lectura; al igual que dotarlas de personal adecuado en número y en formación y hacerlas más presentes en la sociedad.
- Que resulta una prioridad el desarrollo y dotación de bibliotecas escolares, tal como señala la LOE en su artículo 113, ya que constituyen una herramienta de trabajo insustituible en los centros educativos y pueden contribuir de manera directa a la consolidación de la lectura comprensiva, incluyéndolas en los planes de lectura de los respectivos centros. Pero nunca habrá bibliotecas escolares sin bibliotecarios que las organicen y las hagan visibles, e imprescindibles, para la comunidad educativa.
- Que medidas como el canon por préstamo, recogido en la reciente Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas y respondiendo a la directiva europea 115/2006, resultan incoherentes con la preocupación manifestada por distintas administraciones, instituciones y personas del ámbito educativo y cultural respecto a la consolidación de la lectura. El préstamo libre y gratuito constituye una herramienta poderosa para el fomento de la lectura. No nos vale la coartada, tantas veces aducida, de que el canon a los préstamos es una imposición europea. Las directivas europeas pueden cambiarse, especialmente la que nos ocupa, muy discutida en todos los países que la sufren.
L a Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas insiste en el daño que medidas como el llamado canon por préstamo pueden infligir a la educación y a la cultura, al gravar actividades contempladas como servicio público y al introducir la lógica mercantilista en estos ámbitos. Nada bueno puede augurarse si la educación y la cultura siguen acercándose a los parámetros del comercio y alejándose de la concepción de servicio público que debe proteger una política de Estado.
Por ello solicitamos lo siguiente:
- Que el Ministerio de Cultura español, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia, encabece un movimiento europeo contra la Directiva 115/2006. Se acaba de poner en evidencia que nuestro país necesita invertir mucho dinero en bibliotecas; por ello le corresponde este papel protagonista en la oposición hacia una disposición que viene a restar recursos a la lectura.
- Que, mientras ese objetivo no sea una realidad, el Ministerio de Cultura, apoyado por el de Educación y Ciencia, pida a la Dirección General del Comercio Interior de la U.E. una moratoria para el cumplimiento de la Directiva 115/2006, efectiva hasta que las bibliotecas de nuestro país –incluidas las escolares- cumplan, como mínimo, los estándares de las bibliotecas europeas.
Publicado en Rebelión y LaRepública.es
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